Entre las exigencias, que deberá certificar el Departamento de Estado está "respetar" a defensores de DD.HH., periodistas, sindicalistas y políticos de la oposición.

Una vez se cumpla, se podrán girar los fondos que anualmente le entrega a Colombia. Así lo estableció el Congreso al aprobar el paquete de ayudas a finales del año pasado.

Esta nueva medida fue incluida por el Congreso cuando aprobó a finales del año pasado la ley de presupuesto para las operaciones en el extranjero año 2010 y en la que a Colombia le corresponden unos 530 millones de dólares.

Como todos años desde que inició el Plan Colombia, en el año 2000, el Congreso incluyó su "paquete de condiciones" en el que pide al Departamento de estado certificar, antes de entregar un porcentaje de los fondos (30 por ciento), que el país está cumpliendo en ciertos frentes, como destituir y enjuiciar en cortes civiles a militares acusados de violaciones a los derechos humanos, implicados en ejecuciones extrajudiciales o por vínculos con el paramilitarismo.

Pero ahora, además, deberá verificar que no se han presentado abusos contra los derechos de los grupos de personas mencionadas.

"La nueva condición es extraordinaria por que por primera vez vincula asistencia estadounidense a Colombia a la protección de los activistas de derechos humanos. El Congreso ha mandado un mensaje claro... que deben hacer más para proteger sus derechos y respetar la legitimidad de la promoción de los derechos humanos en Colombia..", dijo a este corresponsal Andrew Hudson de Human Rights First, Ong que lleva varios años insistiendo en este cambio.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON